La ruta del dinero socialista: acciones y omisiones de un contrato que le costó fortuna a los santafesinos

En el año 2010, mediante el Decreto 2236 , el entonces Gobernador Hermes Binner otorgó por 10 años la explotación del corredor vial Santa Fe - Rosario, a una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada bajo las siglas Arssa (Autopista Rosario Santa Fe S.A). Este último, aducía que el contrato era modelo y prometía que al término de la concesión, la autopista estaría íntegramente pavimentada en sus dos manos y trazas. Al mismo tiempo se agregaría un tercer carril y se transformaría en una "autopista inteligente" con la implementación de un "corredor ecológico", con la plantación de miles de ejemplares de árboles a lo largo de los 313 km de recorrido. La iniciativa cerraba redonda, lástima que absolutamente nada se cumplió y en vez de sancionar a la empresa infractora se la perdonó y brindó beneficios dando lugar a interpretaciones de manejos non sanctos. 

Sin embargo, seis años más tarde, en julio de 2016, el gobernador Miguel Lifschitz, anunció el cese de la concesión de la autopista Santa Fe – Rosario, que tenía vigencia hasta 2021, argumentando que "la empresa no cumplió con el objetivo principal que era la repavimentación total”. La salida de Arssa no fue gratis, dejó un saldo de obra no ejecutada cercana a los 1.554 millones de pesos, según datos oficiales. 

Más allá de lo sucedido, el Estado,  no le aplicó a las empresas ningún tipo de pena ni sanción. "Es un hecho escandaloso que venimos denunciando desde hace tiempo. Fundamentalmente, el grado de incumplimiento de Arssa, cuya principal obligación en materia de obras era repavimentar los 313 kilómetros de la traza total, pero en los cinco años de concesión sólo hicieron 75 kilómetros", sostuvo, ese mismo año, el diputado y presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero.

                (Del total de 313km de autopista, Arssa, en 5 años, solo pavimentó 75 km)

Es importante destacar que el contrato de concesión de obra pública estipulaba que la obra se debía  financiar por medio de la ganancia que percibía Arssa a través del pago de peaje de los miles de santafesinos y santafesinas que lo atravesaban a diario, a partir de un porcentaje del peaje que se denomina "pago por vehículo pasante" (PVP). Es así como, el valor que quedaba de la diferencia entre el PVP y la tarifa era el aporte casi absoluto que formaba el "fondo de obras" mediante el cual se debían financiar los trabajos distintos a los definidos a cargo del concesionario contratista.

En consecuencia, el “fondo de obras” no sería del concesionario, sino de la Provincia, y debía rendirse cuenta del mismo periódicamente para el control de ingresos y grado de aplicación a las autoridades a cargo de la supervisión de la concesión, las que debían efectuar a su vez el seguimiento de este tema por parte de la provincia. 

(RECUADRO) Estas cuestiones se pueden corroborar en el Decreto N° 1033 del año 2010,  mediante el cual el Poder Ejecutivo aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales (PBCG), Pliego Particular (PBP), Pliego Técnico (PT) y Proyecto de Contrato de Concesión (PC) para la Licitación Pública Nacional e Internacional para la "Concesión por Peaje de la Construcción, Mejoras, Reparación, Conservación, Ampliación, Remodelación, Mantenimiento, Administración, Gerenciamiento y Explotación de la Autopista Provincial Santa Fe Rosario".

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Ahora bien,  durante 5 años Arssa junto a su holding de grandes contratistas de la obra pública de la provincia solo se dedicó a recaudar.Inversión cero, cumplimiento del contrato cero, responsabilidad empresaria cero.  Y, si tomamos los datos proporcionados el 22/3/2016 por la prensa del Ministerio de Infraestructura y Transporte, durante concesión de la autopista se manejaron los siguientes números: 

Cabe destacar que durante este periodo se produjo un fuerte crecimiento del parque automotor en Argentina y la provincia de Santa Fe lideró el tercer lugar en patentamientos según los datos registrados por la Cámara de Comercio Automotor (CCA). Es decir que bajo estos números y ecuaciones Arssa, durante 5 años recaudó  casi $8.500 millones.

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Como decíamos más arriba, al momento de la rescisión del contrato el Gobierno de la Provincia constató que no se habían realizado las inversiones previstas, que eran además obligatorias para el concesionario, por lo que quedaba legalmente habilitado para rescindir el contrato y a la vez reclamar los montos no invertidos y las costas del caso.

Sin embargo, anunció que se habían "neutralizado" las inversiones a cargo de concesionario a la espera de una "renegociación o readecuación" del contrato. En otras palabras, en lugar de aplicar las decisiones que legalmente amparaban a la Provincia, optó por "renegociar o readecuar" el contrato con el mismo concesionario que se hallaba en mora, otorgándole un beneficio a las empresas a cargo de las obras y perjudicando económica y legalmente al Estado provincial. Y lo que es peor aún, las indefiniciones del contrato antes apuntadas, relativas a las características de la repavimentación, los tiempos y las formas de concreción, fueron aprovechadas por la UTE y alegadas como "vicios ocultos", cosa que llevó al gobierno a reconocerlo sin que hiciera nada para defender los intereses de todos los santafesinos.

De esta manera, el fondo de obra terminó en buena medida en las cuentas del concesionario como crédito por PVP, por lo que buena parte de los trabajos en la autopista se debieron realizar no con el fondo de obras sino con partidas complementarias de otra fuente proveniente de dineros del Estado Provincial. Esto fue reconocido por el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio en su momento:  “el Estado se va a hacer cargo de esas obras adicionales”.

                   (Hermes Binner, ex gobernador que licitó la autopista a Arssa junto al actual gobernador, 

              Miguel Lifschitz que le perdonó la deuda).

En este contexto, la obra principal a cargo del concesionario era indiscutiblemente la repavimentación de la calzada que no había sido hecha. Aunque como antes dijimos, uno de los puntos por los cuales se inició la discusión sobre el caso, es que tanto al momento de licitar como al de firmar el contrato, no se estableció con precisión qué significaba técnicamente repavimentar ni bajo qué condiciones y mucho menos en qué tiempo se debían efectuar las obras. 

El 30 de diciembre del año 2016, el Gobernador firmó el Decreto 5194/16 (mediante el cual se aprobó el Convenio para la extinción y rescisión por mutuo acuerdo del Contrato de Concesión por Peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial AP - 01 "Brigadier General Estanislao Lopez", suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte y la firma ARS Sociedad Anonlrna (ARSSA).

Dicho decreto nada menciona acerca de que en el peaje, la utilidad del concesionario era un porcentaje de los valores de cobra a cada vehículo denominado "pago por vehículo pasante (PVP)" que era fijado unilateralmente por la Provincia; y que en esa utilidad debían estar contemplados los gastos para repavimentar, mantener y conservar la autopista, y su ganancia, por lo que en tal caso se habría apropiado indebidamente de valores que correspondían a la provincia.

En disonancia con la Ley 5188 de Obras Públicas,  nunca se precisó técnicamente ni en la licitación, ni a la firma del contrato de concesión, que significaba repavimentar en el marco de la adjudicación. Es decir, nunca se establecieron las necesarias definiciones técnicas, el costo estimado de concreción a satisfacción de la Provincia; los plazos de ejecución: la programación de los trabajos; la corrección de la ecuación económica de la oferta y la factibilidad de su amortización.

                                  

(Arssa estuvo a cargo del peaje de la autopista  Santa Fe- Rosario durante 5 años)

Dicho de otra manera, por acción u omisión la provincia de Santa Fe fue Perjudicada severamente en términos económicos en principio por la falta de previsión y control por parte de los organismos que debían velar por las intereses del Estado provincial, sin que a la fecha se haya avanzado en buscar los responsables y hacer que respondan por sus actos. Por su parte, los órganos de control de la AU 01 que debían ejercer el mismo (OCAP y la Subsecretaria de Auditora y Control del Ministerio de Infraestructura y Transporte) relativizan sus actuaciones en sus reclamos por incumplimientos y beneficiaron a la concesionaria, con el único objetivo de equilibrar los platos de la balanza y dar lugar a la conclusión buscada de antemano de "extinción de/ contrato sin penalizaciones por incumplimientos de la concesionaria”.      

Prueba de que esto último era objetable, son las actuaciones del Tribunal de Cuentas en su momento, que fueron reflejadas en diversos medios de la provincia. El 20 de marzo de 2017, se pudo leer en El Litoral de Santa Fe "El Tribunal de Cuentas castiga al órgano de Control de la autopista" 

El órgano de Control se creó por decreto en 2010 en el marco de la licitación pública para concesionar la autopista, con el objetivo de verificar el cumplimiento del contrato. En sus inicios dependía de la Administraci6n de Vialidad, pero con las sucesivas reformas a la Ley Orgánica de Ministerios, pasó en 2011 a la órbita del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente. Sin embargo, y al hacerlo de manera consensuada se salvó a los integrantes originales de la UTE (ARSSA), es decir a Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro S.A. de la ejecución del fondo de garantía, sin siquiera explicar qué sanciones se aplicaron a lo largo de los frecuentes incumplimientos y si estas, en caso de existir se ejecutaron.

Pero a la vez por medio de esta operatoria, también se salvó a los integrantes de la sociedad en cuestión, de ser incluidos en el Registro de Licitadores como poseedores de sanciones por incumplimiento, cosa que los pondría en apuros ante nuevas licitaciones, que par otra parte les permitieron seguir ganando contratos de obras en el ámbito provincial sin problemas ni requerimientos.

Alumnas:

Alba Saracio
Salomé Sencar
Paporello Melisa